Un juez federal suspendió este viernes las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al concluir que la causa abierta tiene un carácter político. La decisión, adoptada en un fallo de 27 páginas hecho público en Washington, se produce en medio de una investigación que, según el magistrado, perseguía presionar a la Junta de la Reserva Federal para que apoyara una bajada de los tipos o forzara la dimisión de su presidente. El juez bloqueó así las órdenes de testimonio y documentos mientras valora los argumentos sobre el posible uso indebido del proceso.

El magistrado encargado del caso, James Boasberg, considera que el Gobierno no ha aportado pruebas suficientes de delito y que las citaciones parecen responder a un propósito inapropiado. En su resolución, Boasberg sostiene que las actuaciones del Ejecutivo contienen indicios de que se pretendía influir en las decisiones monetarias de la Fed, algo que entraña un riesgo para la independencia del banco central. El juez apunta además que los argumentos presentados por la Fiscalía son «endebles» y no justifican la coacción legal empleada.

La investigación fue impulsada por el Departamento de Justicia de Washington, dirigido por la fiscal Jeanine Pirro, y nació tras las tensas relaciones entre la Casa Blanca y la Fed por la política de tipos. Según la Fiscalía, la pesquisa se centraba en posibles irregularidades relacionadas con las obras de renovación de la sede de la institución, pero el tribunal ha entendido que esos cargos no resisten un examen riguroso. Boasberg reprocha que el expediente carece de evidencias sólidas que vinculen a Powell con actos delictivos.

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Detrás del litigio late el pulso político entre la Administración del presidente Donald Trump y la autoridad monetaria, a la que Trump ha presionado reiteradamente para que recorte los tipos. La Casa Blanca veía en la investigación una línea de presión para lograr un giro en la política económica de la Fed; sin embargo, la decisión judicial cuestiona la legalidad de utilizar el aparato penal con fines políticos. El fallo, por tanto, no solo frena las citaciones, sino que también envía una advertencia sobre los límites del Ejecutivo en su relación con instituciones independientes.

La suspensión de las órdenes no pone fin automático a la causa, pero representa un revés importante para la Fiscalía y complica cualquier intento de forzar a Powell a declarar o a entregar documentación. Fuentes legislativas citadas en el trámite alertaron de que la controversia podía dificultar la confirmación de candidatos propuestos para suceder a Powell, como Kevin Warsh, designado por el presidente en enero. El senador republicano Thom Tillis llegó a amenazar con bloquear la nominación de Warsh si no se cerraba definitivamente la investigación.

El fallo judicial ha provocado reacciones encontradas en el panorama político. Algunos aliados de la Casa Blanca defendieron la necesidad de investigar posibles irregularidades, mientras que sectores independientes y economistas celebraron la resolución como una defensa de la autonomía de la Fed. En el ámbito económico, la incertidumbre política sobre la conducción de la política monetaria aumentó en semanas previas, y los mercados siguen atentos a cualquier gesto que pueda interpretarse como interferencia.

Legalmente, la decisión de Boasberg se apoya en la falta de pruebas y en el principio de que el poder penal no puede emplearse como herramienta de presión política. El magistrado dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía aporte más elementos, pero subrayó que, con lo presentado hasta ahora, la causa no justifica la intrusión en las funciones del presidente de la Fed. La resolución también podría sentar un precedente sobre cómo los tribunales valoran la relación entre procesos penales y motivaciones políticas.

Desde la Fed, el entorno de Powell ha defendido su independencia y señalado que las decisiones sobre los tipos se basan en criterios económicos y no en presiones externas. Analistas recuerdan que mantener la credibilidad del banco central es clave para la estabilidad financiera y que episodios de este tipo erosionan esa confianza si se permite su politización. La administración Trump, por su parte, aún puede recurrir el auto o intentar reconfigurar la investigación con nuevas pruebas.

El caso seguirá ahora su curso procesal con la suspensión de las citaciones como marco temporal, mientras el tribunal valora las alegaciones de uso indebido del proceso. La polémica vuelve a situar en el centro del debate la independencia de los bancos centrales frente a las presiones políticas y plantea interrogantes sobre hasta qué punto el poder ejecutivo puede investigar a responsables de instituciones autónomas sin menoscabar el principio de separación de poderes. En las próximas semanas se esperan nuevos movimientos procesales y respuestas políticas que marcarán el alcance definitivo de la resolución.