Hungría, junto a Estados Unidos, Namibia y Fiyi, presentó este viernes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una declaración para intervenir en favor de Israel en el proceso abierto por presunto genocidio en Gaza. La iniciativa, registrada el 13 de marzo de 2026 en La Haya, responde a la demanda presentada por Sudáfrica en diciembre de 2023, que acusa a Israel de vulnerar la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Los países que apoyan la intervención sostienen que las acusaciones son infundadas y buscan respaldar la posición de Israel en el litigio. La polémica subraya la división diplomática mundial sobre el conflicto y las consecuencias humanitarias en la Franja de Gaza.

La declaración de Estados Unidos, que ha encabezado el apoyo a Israel, calificó las alegaciones de Sudáfrica como falsas y afirmó que forman parte de una campaña mayor para socavar la legitimidad del Estado de Israel y del pueblo judío, además de incitar a la violencia contra ellos. El texto presentado por Washington y los demás firmantes defiende la actuación israelí como respuesta a los atentados y cuestiona la base jurídica de las imputaciones por genocidio. Hungría, por su parte, se alineó oficialmente con esa tesis y pidió al tribunal que tenga en cuenta los argumentos en favor de la defensa israelí.

Sudáfrica llevó el caso a la CIJ en diciembre de 2023, apenas dos meses después de la ofensiva israelí en respuesta a los atentados de Hamas que costaron la vida a alrededor de 1.200 personas. Desde entonces, según los datos aportados en el debate internacional, más de 72.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por acciones del ejército israelí, una cifra que ha alimentado la alarma humanitaria y la presión diplomática a favor de medidas internacionales. La demanda sudafricana reclama que la CIJ examine si las operaciones militares israelíes equivalen a genocidio y si procede adoptar medidas provisionales para proteger a la población civil.

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La participación de terceros Estados en procedimientos de la CIJ es una práctica habitual en casos de gran impacto político y legal, y en este litigio se ha traducido en una ola de declaraciones a favor y en contra de las posiciones enfrentadas. Así, mientras Estados Unidos, Hungría, Namibia y Fiyi han presentado una intervención en apoyo de Israel, otros países como España, Países Bajos, Islandia e Irlanda respaldaron la demanda inicial de Sudáfrica. Esa multiplicidad de intervenciones refleja no solo diferencias de criterio jurídico sino también alianzas políticas y estratégicas que complican aún más el escenario diplomático.

El comité judicial de la CIJ deberá valorar ahora las solicitudes de intervención y determinar el alcance que podrán tener en el proceso principal. La corte examinará los argumentos de fondo sobre si las acciones denunciadas cumplen con la definición legal de genocidio, que exige pruebas contundentes de la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido. Expertos en derecho internacional subrayan que la prueba de esa intención es un umbral alto y que el debate en La Haya girará en torno a elementos probatorios y a la interpretación de las operaciones militares y sus consecuencias.

La escalada diplomática llega en un momento de intensa presión humanitaria en Gaza, donde organizaciones internacionales han denunciado la gravedad de la situación sobre los civiles y reclamado un mayor acceso para ayuda humanitaria. Los defensores de la demanda sudafricana sostienen que la magnitud de las víctimas y los desplazamientos masivos justifican la intervención de la justicia internacional. Los partidarios de Israel argumentan, en cambio, que las operaciones responden al derecho a la legítima defensa tras uno de los ataques terroristas más mortíferos registrados recientemente en la región.

La reacción de la Unión Europea y de otros actores clave será determinante en las semanas próximas, cuando la CIJ decida si admite las intervenciones y ordena posibles medidas cautelares. Para muchos gobiernos, la resolución que emita el tribunal puede tener efectos políticos relevantes, además de repercusiones en la diplomacia y en la provisión de ayuda humanitaria. Mientras tanto, la comunidad internacional permanece dividida entre quienes piden condenas y sanciones y quienes insisten en la necesidad de contextualizar las operaciones militares.

El procedimiento en la CIJ, abierto por Sudáfrica y ahora enriquecido por las intervenciones de múltiples Estados, se perfila como uno de los principales focos jurídicos y diplomáticos del conflicto. A la espera de plazos y resoluciones concretas, las partes continúan movilizando apoyo político y legal en escenarios multilaterales y mediáticos. La decisión del tribunal tendrá, en cualquier caso, un efecto simbólico y práctico sobre cómo la comunidad internacional aborda responsabilidades en situaciones de guerra y crisis humanitaria.