Un informe publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) advierte de que la inversión pública en infraestructuras en España retrocedió en 2025 hasta los niveles de 1995, una caída que los autores vinculan al menor esfuerzo inversor y al aumento de los desastres naturales asociados al cambio climático. Según el estudio hecho público el martes, la suma destinada a obras y equipamientos básicos se situó el pasado año en 16.114 millones de euros, una cifra que refleja la contracción acumulada de las últimas décadas. El documento señala que esta caída no solo reduce la capacidad de crecimiento económico, sino que también deja al país más expuesto ante episodios extremos que requieren infraestructuras resistentes. Los expertos insisten en que la falta de inversión impide reponer tanto la depreciación ordinaria como los deterioros extraordinarios provocados por catástrofes.

El informe traza la evolución de la inversión pública en infraestructuras y señala una reducción del esfuerzo inversor cercano al 25% respecto a principios de siglo. Mientras que en 2009 las infraestructuras representaban más del 60% de toda la inversión pública, esa proporción se ha reducido hasta situarse en torno al 38% en 2025, un nivel que, según los autores, se viene manteniendo desde la pandemia. El análisis subraya que la contracción no es homogénea: algunos capítulos han sufrido recortes más severos que otros, con impactos distintos en servicios y conexiones esenciales. La lectura general del estudio es clara: durante años se ha priorizado gasto corriente y políticas a corto plazo frente a la conservación y modernización del capital público.

Al desgranar las trayectorias temporales, los autores recuerdan que entre 1995 y 2007 hubo un periodo sostenido de crecimiento de la formación bruta de capital fijo que quedó truncado por la Gran Recesión entre 2008 y 2013. Tras esa caída vino un repunte entre 2014 y 2019, pero la recuperación se vio nuevamente alterada por el choque de la pandemia y por la posterior contención del gasto. En conjunto, el esfuerzo inversor en los últimos años se sitúa en torno al 20% del total de inversión pública, muy por debajo del promedio de la primera década del siglo, que se movía entre el 26 y el 30%. Esa menor intensidad inversora, advierten, reduce la capacidad de las infraestructuras para cumplir su función económica y social.

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El retroceso se aprecia con particular crudeza en determinados sectores. Las inversiones ferroviarias registran el mayor desplome desde 2009, con un descenso del 66% que deja al sector muy por debajo de niveles previos; el volumen destinado al ferrocarril quedó en torno a 4.589 millones de euros. Por su parte, el gasto en carreteras se situó en cerca de 4.962 millones, similar a 2024 pero un 41% inferior a las cifras de 2009. Las infraestructuras hidráulicas también han sufrido una merma notable, con una caída cercana al 61% respecto a 2009 y una pérdida de peso dentro del total del gasto.

Además de las magnitudes, el informe subraya que otras categorías como las infraestructuras urbanas, portuarias y aeroportuarias permanecen muy por debajo de los niveles de 2009, lo que pone en cuestión la capacidad del país para atender sus necesidades logísticas y territoriales. Esa erosión del valor del capital público, explican los autores, no solo afecta al servicio cotidiano —carreteras en peor estado, redes hidráulicas menos eficientes, estaciones y puertos con menos inversión—, sino que aumenta la factura cuando se producen eventos extremos. La mayor recurrencia de fenómenos climáticos intensos hace que las insuficiencias en mantenimiento y adaptación se manifiesten con mayor rapidez y coste.

Para los responsables del estudio, la solución pasa por revertir la tendencia y priorizar el mantenimiento y la adaptación de las infraestructuras a riesgos crecientes. Recomiendan políticas que combinen inversión nueva con programas sostenidos de conservación, así como una evaluación más clara del riesgo climático en la planificación de proyectos. Los autores insisten en que actuar tarde elevará los costes futuros y que la contención actual puede traducirse en una mayor carga presupuestaria a medio y largo plazo. También señalan la necesidad de coordinar fondos europeos, presupuestos estatales y competencias autonómicas para maximizar el efecto de las actuaciones.

El retroceso inversor tiene efectos evidentes para comunidades con alto peso de actividades portuarias y marítimas como Galicia, donde la resiliencia costera, la conectividad ferroviaria y la conservación de carreteras son cuestiones recurrentes. Aunque el informe realiza un análisis agregado a nivel nacional, sus conclusiones invitan a reflexionar sobre prioridades territoriales: puertos, infraestructuras de pesca, comunicaciones entre las rías y enlaces con el interior pueden exigir atención inmediata para evitar pérdidas productivas y riesgos ante temporales. La falta de renovación y la escasa capacidad de respuesta ante daños por inundaciones o tormentas son fuentes de preocupación para gobiernos locales y sectores productivos.

La publicación llega en un momento en que las administraciones diseñan presupuestos y planes de inversión para los próximos años, por lo que sus recomendaciones podrían influir en la agenda política. Si los diagnósticos del informe se toman en serio, la gestión pública deberá elevar el nivel de gasto en infraestructuras y priorizar proyectos que aumenten la capacidad de adaptación climática. De lo contrario, apunta el estudio, el país afrontará un escenario de mayor vulnerabilidad y costes crecientes para reparar y reponer bienes públicos esenciales. La Fundación BBVA y el Ivie firman un texto que, más allá de los números, plantea una disyuntiva sobre el modelo de inversión pública en España.