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Una empresa de Narón, multada con 10.500 euros por la Junta de Andalucía

Una empresa de Narón, multada con 10.500 euros por la Junta de Andalucía

Un comercio de bicicletas asentado en el concello de Narón se ha visto sorprendido por una propuesta de sanción de 10.500 euros emitida por la administración andaluza, un expediente que los responsables del negocio han recurrido y que se inscribe en una tendencia creciente de multas a empresas gallegas desde comunidades autónomas ajenas a la suya, como adelantó La Voz de Galicia. La dirección del establecimiento, que gestiona el negocio entre dos socios, ha expresado públicamente su sensación de desamparo ante un proceso administrativo tramitado a cientos de kilómetros de Ferrolterra.

El expediente que cruzó cuatro autonomías

Pocas veces una empresa del sector ciclista en Galicia espera recibir una notificación sancionadora desde Sevilla. Y menos cuando el negocio opera desde suelo naronés, en una comarca como Ferrolterra donde la actividad comercial discurre lejos de cualquier jurisdicción andaluza en términos de ubicación física. La propuesta de sanción, cifrada en 10.500 euros, llegó sin previo aviso y activó todos los mecanismos de defensa de un comercio que, según han manifestado sus responsables, nunca había recibido una sola denuncia formal de ningún cliente a lo largo de su trayectoria.

No es un dato menor. En el comercio minorista, donde la reputación se construye día a día, carecer de antecedentes por reclamaciones de consumidores convierte el expediente en un auténtico jarro de agua fría. La dirección presentó inmediatamente un recurso contra la sanción, confiando en que la administración revisora comprenda que una empresa con este perfil no encaja en la categoría de negocio infractor.

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Una tendencia que inquieta al tejido empresarial gallego

Conviene recordar que este caso no vive en aislamiento. La información de referencia apuntaba directamente a la existencia de una oleada de sanciones contra empresarios gallegos procedentes de administraciones de otras comunidades autónomas, y mencionaba de forma explícita que el fenómeno no se limita a la Comunidad de Madrid —donde ya se habían registrado episodios similares— sino que ahora se extiende hacia Andalucía. La geografía del expediente sancionador se ensancha.

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Lo cierto es que la jurisdicción administrativa en materia de consumo permite a las comunidades autónomas actuar contra empresas que comercializan productos o servicios destinados a consumidores dentro de su territorio, aunque la sede social esté en otra autonomía. Una empresa de Narón que venda bicicletas o componentes a través de internet, por ejemplo, queda sometida potencialmente a la normativa de consumo de cada una de las diecisiete comunidades. Basta con que un cliente andaluz, extremeño o canario realice una compra para que, en teoría, la administración de su territorio pueda abrir un expediente.

Sin quejas de clientes, con expedientes a distancia

A nadie se le escapa que la distancia geográfica juega en contra del sancionado. Desplazarse a Sevilla para comparecer, contratar representación legal en otra comunidad o simplemente seguir los plazos procesales con corrección desde Narón encarece y complica cualquier defensa legal. Los responsables de este comercio lo han experimentado de primera mano y han transmitido su sensación de indefensión ante un proceso cuyo origen y tramitación se gestionan a más de novecientos kilómetros de su taller.

El mensaje que lanzan los responsables del negocio resulta contundente: jamás registraron una denuncia de clientes. Y esa ausencia de reclamaciones formalizadas choca frontalmente con la cuantía propuesta. Diez mil quinientos euros no son una cantidad desdeñable para una pyme del sector ciclista en una comarca del Atlántico. La cifra habla por sí sola cuando se compara con el margen habitual de un comercio.

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Pablo Rivas

Periodista deportivo con amplia experiencia en la cobertura del fútbol y deporte gallego. Redactor de la sección de Deportes.

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