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La resolución de la Xunta de Galicia que declara el archivo definitivo del proyecto de Altri en Palas de Rei no ha cerrado la herida abierta en el tejido social de la comarca de Ulloa. Lejos de considerar el asunto como un punto final, las plataformas ciudadanas que se han opuesto frontalmente a la macroplanta de fibras textiles durante los últimos tres años han anunciado que estudian recurrir la decisión administrativa. El motivo, según trasladan fuentes de la coordinadora, es que consideran que la argumentación técnica del Gobierno gallego no aborda lo que ellos consideran el núcleo del conflicto: la viabilidad ecológica y social del proyecto en sí mismo.
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Conoce más →El anuncio de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el pasado 10 de julio, fue recibido con alivio y celebración por parte de los colectivos ecologistas y vecinales. Sin embargo, la alegría inicial se ha tornado en una postura de prudencia y vigilancia activa. «Se ha ganado la vida, la del río Ulla y la de las personas que confluimos con él», han manifestado desde la plataforma Ulloa Viva, subrayando que el triunfo no es de una organización en concreto, sino de la ciudadanía que ha sostenido una movilización constante. Pero el mismo éxito que celebran es el que les impulsa a no bajar la guardia.
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Buscar dominio →Los motivos de un posible recurso: más allá de la inviabilidad económica
La Xunta basó su decisión de archivo en la «inviabilidad» del proyecto, un término que, para los opositores, resulta ambiguo y no ataca las raíces del problema. Las plataformas —entre las que se encuentran Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non— han solicitado el acceso a toda la documentación del expediente para analizar con lupa los fundamentos jurídicos y técnicos de la resolución. La intención es presentar un recurso que obligue a la administración a pronunciarse sobre cuestiones que consideran capitales y que, a su juicio, han quedado en un segundo plano.
Entre esas cuestiones se encuentra la demanda de un «perdón público» por parte de la empresa promotora, Greenfiber (filial de Altri), y de las propias administraciones implicadas. Los colectivos entienden que tres años de movilización, de incertidumbre y de tensión social merecen un reconocimiento explícito del «sufrimiento» causado. Esta reclamación, inusual en el discurso de las plataformas ecologistas, revela la profunda huella emocional que ha dejado el conflicto en una comarca que ha vivido dividida entre la esperanza de un desarrollo industrial y el miedo a un impacto ambiental irreversible.
El precedente de la movilización ciudadana en Galicia
Este caso se inscribe en una larga tradición de conflictos ambientales en Galicia, donde la movilización vecinal ha logrado frenar o modificar grandes proyectos industriales. Desde la lucha contra las minas de Touro y O Pino hasta la oposición a las plantas de celulosa en la ría de Pontevedra, la sociedad civil gallega ha demostrado una capacidad de organización y resistencia que, en ocasiones, ha superado a los mecanismos administrativos. El archivo de Altri en Palas de Rei se suma a esa lista de batallas ganadas, aunque con un sabor agridulce.
«No va al fondo del conflicto», sentencian las fuentes consultadas. La frase resume la desconfianza que persiste entre los activistas. Para ellos, el archivo definitivo basado en la inviabilidad económica o de tramitación no es una garantía de que el proyecto no pueda resurgir bajo otra forma o en otra ubicación. La vigilancia, por tanto, se mantendrá en los tribunales y en la calle, mientras se estudia la viabilidad del recurso. La lucha, insisten, no ha terminado; simplemente ha entrado en una nueva fase, la de la exigencia de responsabilidades y la consolidación de un modelo territorial que no pon
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