La paradójica frontera entre el interés público y la propiedad privada vuelve a generar tensiones en la Ribeira Sacra. Un propietario local ha elevado una queja formal ante la Valedora do Pobo frente a lo que considera una anexión silenciosa y progresiva de sus terrenos por parte del gobierno municipal. El conflicto se desarrolla en los alrededores de la playa fluvial de A Cova, un enclave de gran atracción turística donde la presión de los vehículos ha acabado tragándose el lindero de una finca particular durante los últimos años. Demasiado tiempo.
La presión de un paradisiaco rincón ribereño
A nadie se le escapa que el crecimiento del turismo interior está transformando por completo los pueblos gallegos y presionando una infraestructura viaria a menudo limitada. En este escenario, asegurar plaza para el vehículo durante los meses estivales se convierte en una odisea diaria. Para dar respuesta a la masificación de visitantes en el área de baño, el propietario afectado sostiene que la administración local ha ido ocupando de manera sistemática un terreno que pertenece legalmente a su pareja y a él. La finca en disputa tiene una particularidad geográfica que alimenta la controversia: se extiende a ambos lados de la vía que conduce desde el núcleo urbano hasta el propio arenal fluvial.
Quien se anima a recorrer esta carretera en plena temporada alta puede comprobar el alcance del problema automovilístico, con decenas de coches aparcados a pie de asfalto. La superficie en disputa es ciertamente reducida, situada exactamente entre el borde del firme y la zona de baño. No es menor el dato de que los dueños aseguran no necesitar ese espacio concreto para su uso y disfrute personal. Sin embargo, el conflicto estalla por la forma en que se está gestionando la necesidad de aparcamiento público. El afectado lamenta profundamente que cada temporada se arrebate un nuevo trozo de tierra, un proceso gradual que ha culminado con los vehículos particulares aparcando directamente sobre su valla y su propiedad.
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Conoce más →Un callejón sin salida institucional
Difícil entender cómo una disputa de estas características llega a enquistarse durante años sin encontrar una resolución administrativa clara y definitiva. El proceso se ha convertido en un desgaste burocrático constante para el denunciante. Ante la total falta de respuestas del ejecutivo local, el recurso a la Valedora do Pobo se antoja el único cauce viable para buscar justicia. La institución autonómica deberá ahora valorar el expediente abierto por una presunta inactividad administrativa, un subterfugio frecuente que deja a los ciudadanos en un limbo de incertidumbre.
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Hosting WordPress →Lo cierto es que el periplo de este vecino por los despachos oficiales revela un panorama de puertas cerradas. Las respuestas municipales iniciales rozaron la negación absoluta de los hechos, achacando la actuación a terceros. En un primer momento, desde el Concello se llegó a cuestionar frontalmente la titularidad de la franja de terreno ocupada por los automóviles. El cruce de alegaciones obligó al propietario a sacar la documentación registral y catastral de la propiedad para demostrar la legitimidad innegable de su dominio. Las pruebas documentales eran concluyentes y aplastantes, pero la maquinaria administrativa siguió girando en falso.
Derrotada esa primera línea de defensa municipal, el expediente tomó un cariz aún más tortuoso y burocrático. La autoridad local intentó desviar la responsabilidad de las actuaciones hacia la Administración autonómica de la Xunta. Sin embargo, cuando los dueños de la parcela se personaron ante el ente supramunicipal para exigir explicaciones, se toparon con una respuesta clarificadora y contundente: la competencia, tanto del tramo de carretera como del entorno inmediato del área de baño, es de titularidad municipal. La pelota volvía al tejado de la casa consistorial.
La frontera de la expropiación forzosa
Pocas veces u
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