El TS debe dirimir quién pagó realmente el impuesto ilegal sobre hidrocarburos que asfixió a las empresas gallegas

La batalla legal más encarnizada de los últimos años en el sector de los carburantes tiene fecha de audiencia en la Alta Jurisdicción. Cerca de medio centenar de negocios, en su inmensa mayoría con sede social en Galicia, han llevado su contienda contra las grandes petroleras hasta el Tribunal Supremo. El motivo de fondo: defender que fueron ellos, los empresarios del retail, los que soportaron de su bolsillo el coste de un tributo autonómico que los tribunales terminaron por declarar contrario a derecho.

El origen de un conflicto que ha calado hondo en el sector

Pocas veces un litigio fiscal genera tantas pasiones en el tejido productivo gallego como este. Y no es para menos. Lo que empezó como una exigencia recaudatoria de la Xunta sobre los hidrocarburos se ha convertido, con el paso de los años, en un auténtico frente de batalla judicial donde se dirimen cantidades millonarias. El tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos fue concebido como un mecanismo de captación de ingresos propios, pero numerosas voces del sector lo vivieron desde el primer momento como un lastre imposible de trasladar al cliente final.

Conviene recordar el escenario en el que se desarrolló esta tensión. Las gasolineras independientes —muchas de ellas empresas familiares repartidas por las cuatro provincias, desde Lugo hasta la franja atlántica de Pontevedra— operaban con márgenes estrechos y un mercado dominado por los grandes operadores. Cuando el impuesto autonómico entró en escena, el coste adicional se tradujo en una presión insoportable para muchos negocios de barrio, esos que tantas veces sostienen el motor económico de comarcas enteras. Demasiado tiempo soportando una carga que la justicia tumbó después.

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El argumento de los empresarios: el dinero sale de nuestras cajas

La línea argumental que ahora desembarca en el Supremo tiene una claridad meridiana. Las empresas gallegas sostienen que el impuesto fue abonado efectivamente por ellas y no por las distribuidoras mayoristas que operan en el territorio nacional. Por tanto, si los tribunales han determinado que el tributo era ilegal, la devolución de lo cobrado de forma improcedente debe dirigirse a los empresarios minoristas, no a las grandes distribuidoras petroleras que pretenden acaparar el reintegro.

A nadie se le escapa la asimetría de fuerzas en juego. De un lado, un nutrido grupo de pymes y autónomos gallegos que se aferran a la legitimidad de su reclamación. Del otro, multinacionales del sector energético con departamentos legales capaces de litigar durante años sin que el coste procesal les suponga un rasguño en su cuenta de resultados. Lo cierto es que el choque no es solo jurídico: es también un síntoma de la fragilidad estructural del pequeño comercio frente a los gigantes del sector.

Fuentes del ámbito empresarial gallego consultadas sobre este litigio coinciden en un mismo diagnóstico: el sector del retail ha vivido años de incertidumbre permanente, con márgenes estrangulados por impuestos, regulaciones cambiantes y una competencia desleal que pocas veces encuentra respuesta institucional. La cifra habla por sí sola cuando se repasa el volumen de negocios afectados por el impuesto y la cantidad de estaciones de servicio que tuvieron que cerrar o reestructurar su actividad en el último lustro.

El Supremo ante una decisión con efectos cascada

No es menor el dato de que la resolución del Supremo marque un antes y un después. Lo que la Alta Jurisdicción decida en los próximos meses no se limitará a poner fin a una disputa concreta: sentará doctrina sobre quién es el sujeto pasivo real de un tributo declarado nulo y sobre cómo deben articularse las devoluciones cuando el titular formal del impuesto no coincide con quien soporta económicamente la carga. Es un debate de calado, con implicaciones que trascienden el ámbito de los carburantes.