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Galicia rural se queda sin funcionarios: 30 concellos ya comparten personal por la crisis de los habilitados

Galicia rural se queda sin funcionarios: 30 concellos ya comparten personal por

Treinta ayuntamientos gallegos se han visto en la obligación de compartir personal de alto nivel para poder seguir funcionando. La escasez de funcionarios habilitados nacionales ha alcanzado una dimensión crítica, con 166 puestos vacantes repartidos por 53 municipios, según adelantó La Voz de Galicia. La situación afecta tanto a pequeñas aldeas como a cabeceras de comarca, y dibuja un mapa administrativo insostenible donde secretarios, interventores y tesoreros escasean.

El corazón de la Galicia vaciada, en el punto de mira de la crisis

Nadie que conozca el territorio se sorprende. La falta de efectivos cualificados golpea con especial dureza en las provincias de Lugo y Ourense, donde la densidad poblacional es menor y el envejecimiento lastra el relevo generacional. Conviene recordar que estos altos cargos municipales son figuras clave para el funcionamiento de cualquier institución local; son los responsables de dar fe pública, controlar las cuentas y autorizar pagos. Sin ellos, la máquina administrativa simplemente se atasca.

Ahora mismo, hay municipios de cierto tamaño que se las ven y se las desean para cubrir las tres plazas fundamentales: secretaría, intervención y tesorería. La sangría demográfica pasa factura a la administración. Difícil imaginar un ayuntamiento moderno operando sin estas figuras, pero la realidad supera a la ficción en bastantes rincones del rural gallego.

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La fórmula del multicargo: apretar los tornillos en los pequeños municipios

Donde el problema adquiere tintes de normalidad desconcertante es en los municipios de menos de cinco mil habitantes. No es menor el dato: en estos concellos, la normativa permite agrupar las funciones para poder salir del paso. Una misma persona asume responsabilidades que, en teoría, requerirían dedicación exclusiva. Mientras tanto, la dirección general de Administración Local busca soluciones urgentes para paliar un déficit que se agrava mes a mes.

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Treinta ayuntamientos han cruzado ya la línea roja de la autonomía. Tienen que recurrir a acuerdos mancomunados para poner en común a sus escasos habilitados nacionales. Es decir, el secretario o interventor de un pueblo tiene que hacer malabares para atender también las necesidades de los vecinos de enfrente. La cifra habla por sí sola. Un alto cargo de la Consellería de Presidencia trabaja codo con codo con las entidades locales para diseñar un protocolo de reparto de efectivos que evite el colapso total de servicios esenciales.

Un callejón con muy pocas salidas

A nadie se le escapa que encontrar a un profesional dispuesto a aceptar un destino en un municipio pequeño se ha convertido en una quimera. Las oposiciones no cubren las vacantes y los traslados brillan por su ausencia. La administración autonómica intenta cohesionar los recursos disponibles, pero el margen de maniobra es estrecho. Pocas veces la estructura burocrática de una comunidad autónoma había mostrado tanta fragilidad estructural en su base territorial.

Quien piense que este hueco institucional se resuelve con un simple decreto se equivoca. La base del problema es estructural, demográfica y laboral, y no se arregla parcheando vacantes en los bandos municipales. Mientras no exista un incentivo real y atractivo para que estos técnicos decidan instalarse en el medio rural, los ayuntamientos seguirán mendigando funcionarios.

Lo verdaderamente preocupante no son los 166 puestos sin cubrir hoy, sino los que caerán mañana. El modelo de gestión municipal en la Galicia interior necesita un cambio de paradigma profundo, o el fantasma del colapso administrativo acabará siendo la crónica de una muerte anunciada para muchos ayuntamientos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a normalizar que el rural…?

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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