Caso Zapatero: sombras que llegan desde tres continentes

Un expediente judicial con ramificaciones en Europa, África y América sacude la política gallega. En la lista de investigados figuran cargos públicos, empresarios y asesores técnicos. Uno de ellos, de pasado destacado, aparece vinculado a contratos en el exterior. La justicia intenta desentrañar redes opacas de influencia y comisiones cruzadas.

La trama se extiende más allá del mapa visible

Lo que empezó como una investigación por irregularidades en contrataciones públicas en una comarca del sur de Galicia ha ido abriendo compuertas insospechadas. Lo que parecía un asunto de gestión local derivó en un entramado que conecta empresas radicadas en países del Magreb con fundaciones sin ánimo de lucro en Centroamérica, pasando por sociedades pantalla en paraísos fiscales europeos. A nadie se le escapa que detrás de estos movimientos hay intereses económicos de alto voltaje.

Un alto cargo municipal, hoy imputado, mantuvo reuniones en Madrid bajo la apariencia de cooperación internacional. Esas gestiones, supuestamente destinadas a proyectos de desarrollo, dejaron rastros de transferencias millonarias con escasa justificación técnica. Fuentes judiciales señalan que los pagos se canalizaron a través de intermediarios cuyos nombres aparecen repetidos en diferentes jurisdicciones. No es menor el dato: varias de las empresas beneficiadas estaban inactivas antes de recibir adjudicaciones.

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En una oficina del polígono de Sabón, una factura por servicios de consultoría suscitó las primeras dudas. El informe técnico, redactado en inglés y con referencias a normativas de países que no pertenecen a la UE, no cuadraba con el objeto del contrato. Ahí está la clave. Desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido documentación a seis países. La respuesta ha sido lenta, pero reveladora.

Un expresidente en el ojo del huracán

El nombre que más ha llamado la atención en los últimos días es el de un expresidente del Gobierno, hoy retirado de la política activa. No está imputado directamente, pero su sombra atraviesa varias líneas de la investigación. Su vinculación surge por una fundación que preside desde hace años, con sede en Madrid y actividades declaradas en tres continentes. Esa entidad recibió aportaciones de empresas ahora bajo sospecha.

Conviene recordar que durante su mandato se impulsaron acuerdos bilaterales con naciones africanas en materia energética y de infraestructuras. Hoy, varios de esos proyectos están paralizados. Lo que en su momento se presentó como cooperación al desarrollo, ahora se analiza como posible vía para redirigir fondos. Un responsable del sector, que pidió el anonimato, señaló que “hubo demasiados asesores externos con acceso directo a decisiones clave”.

La fundación, por su parte, ha emitido un comunicado genérico en el que asegura colaborar con la justicia. Pero no aclara cuántos de sus ingresos provienen de entidades investigadas. Tampoco detalla qué papel desempeñaron ciertos asesores en el diseño de esos programas internacionales. Demasiado tiempo sin respuestas claras.

Redes de confianza, puertas giratorias

Lo que más preocupa a los investigadores no es solo el dinero, sino el entramado de relaciones personales que sostiene el sistema. Una persona investigada, con pasado en la administración autonómica, compartió despacho con otro imputado en una consultora de Santiago. Ambos firmaron informes técnicos para contratos en el exterior. Fuentes del sector apuntan a que se trataba de una “red de antiguos funcionarios que pasaron al sector privado sin soltar los hilos del poder”.

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