La decisión del órgano de gobierno de los jueces
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho non. De forma contundente, además. El órgano de gobierno de los jueces desestimó el recurso de reposición presentado por Luís Villares, magistrado y exlíder político gallego, contra el acuerdo que ordena su traslado forzoso de sección en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La decisión, lejos de zanjar la polémica, la aviva con toda la retranca que el caso merece.
Lo cierto es que el movimiento del CGPJ no es un simple trámite administrativo. Supone un varapalo a la estrategia del que fuera portavoz de En Marea, que intentaba frenar su cambio de la Sección Primera (Civil y Penal) a la Sección Tercera (Contencioso-Administrativo). Una mudanza que, para muchos en la terra, huele a castigo. Ajustes de plantilla, dice el Consejo. Movimiento político, susurran en los pasillos del juzgado compostelano.
Un gallego entre dos mundos: la toga y la política
Para entender el calado de esta noticia en Galicia, hay que recordar quién es Luís Villares. No es un magistrado cualquiera. Fue el rostro visible de una marea que arrasó en las elecciones gallegas de 2016. Dejó la política en 2020 y regresó a su plaza de juez, pero la sombra de su pasado es alargada. Ahora bien, el CGPJ sostiene que el traslado responde a criterios objetivos de organización del trabajo, negando cualquier motivación extraña. «La decisión es puramente técnica y se enmarca en la potestad de autogobierno del Consejo», defienden fuentes del órgano.
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Conoce más →Pero la morriña de la política gallega no se quita con un auto judicial. El recurso de Villares alegaba, precisamente, que se había vulnerado su derecho a la especialización. Llevaba años en la Sala de lo Civil y Penal, y su cambio forzoso a Contencioso, según su defensa, rompe su carrera profesional sin una justificación sólida. El CGPJ, sin embargo, no le ha dado la razón. Y eso, en una comunidad donde las relaciones entre el poder judicial y el político siempre han sido de una tensión creativa, genera mucho runrún.
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La resolución del CGPJ tiene un impacto directo en el funcionamiento del alto tribunal gallego. La Sección Tercera, la de Contencioso, es una de las más cargadas de trabajo, con pleitos que van desde la ordenación del territorio hasta los conflictos con la administración autonómica. Trasladar a un magistrado con el perfil de Villares, que venía de la jurisdicción penal, es, cuando menos, una apuesta arriesgada.
«No se trata de un premio ni de un castigo, sino de una necesidad de redistribución de efectivos para garantizar la tutela judicial efectiva», explicó un portavoz del TSXG a este diario.
De hecho, algunos sectores del Foro Xurídico de Santiago interpretan el movimiento como una maniobra del sector conservador del CGPJ para apartar a un juez incómodo. Villares, en su etapa política, fue un firme defensor de la independencia judicial y crítico con el propio Consejo. Ahora, desde dentro, sufre en sus carnes la maquinaria que él mismo criticó. Un 12% de los jueces gallegos han cambiado de sección en los últimos cinco años por necesidades del servicio, una cifra que triplica la media nacional según datos del sindicato mayoritario. El caso de Villares, por su perfil público, es el que más atención mediática acapara.
Lo que está claro es que, con esta resolución, el exlíder de En Marea deberá hacer las maletas dentro del propio edificio judicial de la Praza de Galicia. Se acabó el recurso. Ahora, toca juzgar expedientes administrativos. Y en Galicia, donde la política y la justicia a veces se miran de reojo, este capítulo no ha hecho más que empezar. La decisión del CGPJ, firme por ahora, deja un sabor agridulce en la carrera del magistrado y abre un nuevo debate sobre la independencia interna del poder judicial en la terra.
El caso seguirá dando que hablar, sobre todo si Villares decide acudir a la vía contencioso-administrativa para defender su puesto original. La paradoja es casi literaria: tendría que recurrir a la misma sala a la que le han destinado.
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