La casa del exalcalde, en el ojo del huracán

Un alto cargo municipal investigado por presunta corrupción habría utilizado su vivienda privada como depósito de documentos clasificados relacionados con una trama que sacude al Ayuntamiento de una localidad costera de la comarca de Arousa. Fuentes judiciales indican que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que allí se custodiaban los hilos más sensibles de una red de favores, contratos desviados y adjudicaciones opacas. No es un piso franco cualquiera. Es una casa familiar, en una urbanización tranquila, a tiro de piedra del puerto pesquero.

Un archivo en el salón

Quien vivió años en la zona no se extraña. “Aquí todo el mundo sabe quién mandaba, aunque no estuviera en nómina”, comenta un vecino que prefiere no dar su nombre. Lo que la UDEF ha identificado como material reservado incluye expedientes municipales, listas de adjudicatarios y anotaciones manuscritas vinculadas a licencias urbanísticas. Parte de ese contenido fue hallado durante un registro no anunciado, en una tarde de lluvia torrencial que paralizó el tráfico en la GC-12. Se encontraron carpetas archivadas en el interior de un armario empotrado, tras un panel falso. No llevaban sello oficial, pero su contenido permitía reconstruir una red de influencias que operaba al margen de los procedimientos públicos.

Demasiado tiempo.

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Las autoridades no hablan de copias informales. Hablan de documentos originales, con firmas, sellos y anotaciones que solo podrían haber salido de archivos municipales. Algo que, por sí solo, ya configura un delito de malversación. Pero el fondo del asunto es más grave: la hipótesis policial es que esa vivienda no era un almacén accidental, sino un nodo central de control. Un lugar donde se tomaban decisiones que luego se disfrazaban de trámites administrativos neutrales.

El peso de la discreción

El exalcalde investigado gobernó durante tres mandatos consecutivos. Su nombre aún aparece en placas inaugurales, en el frontón municipal y en el nuevo polideportivo de San Sadurniño. Basta con mirar el crecimiento urbanístico de la zona entre 2010 y 2019 para entender el alcance de su influencia. En esos años, se aprobaron más de 180 licencias de obra mayor en suelo no urbanizable. Un número desproporcionado, incluso para un municipio en expansión turística.

Lo cierto es que nadie cuestionaba entonces los criterios de selección. Las empresas que ganaban los concursos solían tener la misma dirección fiscal. O los mismos representantes legales. A nadie se le escapa que eso no es casualidad. Pero hasta ahora, nadie había encontrado el eslabón que unía esas adjudicaciones con el despacho privado del antiguo regidor. Ahí está la clave: no se trata solo de que hubiera corrupción. Se trata de que estaba domesticada en un espacio privado, al margen de cualquier control.

Un responsable del sector de la construcción, que ha participado en varios proyectos municipales, asegura que “había que pasar por ciertos filtros, aunque no estuvieran escritos en ninguna convocatoria”. No entra en detalles. Solo agacha la cabeza y dice: “Las cosas se hacían así. Quien no jugaba, se quedaba fuera”.

La sombra del poder informal

Conviene recordar que este no es un caso aislado. En los últimos cinco años, tres exalcaldes de la provincia han sido procesados por delitos similares. Dos de ellos también guardaban documentación sensible en sus casas. No en la sede del gobierno local, no en los registros oficiales. En sus salas de estar, junto a las fotos de familia. No es menor el dato. Habla de una cultura administrativa en la que el cargo público no se entiende como un servicio, sino como un patrimonio personal.

En la misma comarca, el año pasado saltó a la luz una trama de sobornos para la gestión de residuos. Los agentes descubrieron que los contratos se repartían en cenas privadas, en restaurantes de carretera. Sin actas, sin emails. Solo palabras.

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