La Policía Nacional investiga una agresión sufrida por una menor de 13 años el pasado viernes 6 de marzo en la plaza de Barcelos de Pontevedra, después de que la familia denunciara los hechos al conocer la existencia de un vídeo que recoge la pelea. Según fuentes policiales, la familia presentó la denuncia la mañana del jueves 12 de marzo una vez tuvieron conocimiento del material. El incidente, que habría involucrado a varios jóvenes, ha desencadenado una investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias.

Los primeros indicios apuntan a que los participantes en la pelea son también menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, según las mismas fuentes. La grabación —aportada junto a la denuncia— habría sido clave para localizar y reconocer a los presuntos implicados. La existencia de imágenes ha permitido a los agentes avanzar con rapidez en la identificación de quienes participaban en la agresión.

Este viernes, la Policía Nacional estaba tomando declaración a los menores implicados y recogiendo todas las pruebas disponibles para remitirlas a la Fiscalía, que será la encargada de evaluar las medidas a adoptar. La documentación remitida incluye el parte de lesiones que presentó la víctima, así como los vídeos que documentan los hechos. Las diligencias se tramitan en el marco de la normativa que regula las actuaciones con menores, y la investigación continuará hasta que la Fiscalía decida los pasos procesales oportunos.

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Fuentes consultadas por este diario indican que la agresión comenzó, aparentemente, con un forcejeo entre la víctima y otra menor, al que se habrían sumado más jóvenes que propinaron patadas y tirones de pelo. La niña fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida y su familia presentó el parte de lesiones junto con las imágenes en la denuncia. Los detalles del enfrentamiento, recogidos en los vídeos, han alimentado la preocupación por la gravedad de la conducta y por la presencia de testigos que registraron lo ocurrido.

El suceso ha generado inquietud entre las familias de la ciudad, que preguntan por las medidas de prevención y por el papel de los entornos educativos y familiares para evitar episodios de violencia entre adolescentes. En la plaza de Barcelos, punto habitual de tránsito en Pontevedra, muchos vecinos han mostrado sorpresa por la viralización del vídeo y lamentan que conflictos entre menores acaben en agresiones físicas grabadas con teléfonos móviles. Asociaciones y progenitores reclaman una respuesta coordinada de escuelas, servicios sociales y fuerzas de seguridad.

En el ámbito legal, cuando los presuntos autores son menores la Fiscalía puede solicitar medidas de carácter educativo, sancionador o, en casos más graves, adoptar actuaciones bajo la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Las fuentes policiales recuerdan que la prioridad en estos procedimientos es tanto la protección de la víctima como garantizar los derechos de los investigados, preservando la identidad de los menores implicados. La investigación trata asimismo de establecer si existió previa intimidación o provocación que explique el origen del conflicto.

Por el momento no se han comunicado detenciones publicadas, y la investigación se centra en el análisis de las imágenes y en las declaraciones de los menores y de posibles testigos. Los agentes también recaban información sobre el contexto social y familiar de los implicados para ofrecer, en su caso, alternativas de intervención. El seguimiento médico de la víctima y la verificación de las lesiones forman parte de las diligencias que acompañarán al expediente remitido a Fiscalía.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la llamada cultura de la imagen entre adolescentes y el uso de grabaciones como prueba, así como la necesidad de políticas públicas que aborden la convivencia escolar y el ocio juvenil. Mientras la investigación continúa abierta, las autoridades insisten en la importancia de denunciar estos hechos y en la colaboración de las familias para prevenir nuevos episodios. La Policía Nacional y la Fiscalía valorarán en los próximos días las medidas a adoptar tras el cierre de las diligencias.