José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile al mediodía en Santiago, en una ceremonia que marca el cambio más brusco desde el fin de la dictadura en 1990. El triunfo en la segunda vuelta de enero le otorga el mandato para aplicar un programa definido por su partido como un «gobierno de emergencia» centrado en seguridad, control migratorio y crecimiento económico. La toma de posesión se produce en un clima de expectativas por las reformas prometidas y de preocupación por la polarización que caracterizó la campaña. El traspaso de mando responde tanto al desgaste del Ejecutivo anterior como al apoyo a propuestas claramente conservadoras en materias públicas.

La ceremonia en el Palacio de La Moneda congregará a más de mil invitados y a una nutrida delegación internacional. Entre los asistentes figuran el rey Felipe VI, el presidente argentino Javier Milei, líderes de la oposición venezolana y representantes de partidos conservadores europeos, lo que subraya la lectura internacional del relevo como parte de un giro regional. Tras la formalidad, Gabriel Boric entregará los atributos de mando al nuevo mandatario, cerrando cuatro años de Gobierno marcado por protestas, crisis económicas y una agenda social ambiciosa pero erosionada electoralmente.

La victoria de Kast en enero fue contundente: obtuvo 7,26 millones de votos, unos dos millones más que su rival, la exministra y dirigente del Partido Comunista, Jeannette Jara. Ese resultado reflecta un voto de castigo a la gestión saliente y un respaldo a las propuestas de mano dura en seguridad y migración que lideró la campaña del Partido Republicano. La movilización electoral apuntó sobre todo a sectores preocupados por la delincuencia y por la percepción de deterioro en servicios públicos.

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En el Congreso, el Partido Republicano aterriza con 76 diputados de un total de 155, lo que le deja a dos escaños de la mayoría absoluta en la Cámara baja. Analistas consideran probable que esos apoyos adicionales lleguen desde formaciones como el Partido de la Gente o algunos diputados democristianos moderados, aunque las negociaciones serán clave para mantener estabilidad. La situación en el Senado presenta un panorama similar, con la necesidad de acordar alianzas puntuales para impulsar las reformas más ambiciosas.

El núcleo del programa anunciado por el equipo de Kast se define como un paquete inicial de 90 medidas a ejecutar de forma inmediata. Entre las prioridades anunciadas figuran el endurecimiento de las penas contra el crimen organizado, la tipificación como delito de la entrada ilegal al territorio y la implantación de un dispositivo tecnológico reforzado en fronteras. Desde el Gobierno entrante se defiende esa batería de medidas como urgentes frente a lo que definen como una situación de emergencia social y seguridad pública.

La seguridad y la migración fueron factores decisivos en la campaña y en la percepción ciudadana. Kast prometió combatir las bandas organizadas con cambios legales y mayor presencia policial, así como controlar flujos migratorios que, según sus promesas, afectan servicios y orden público. La polarización en torno a estas propuestas ha generado protestas y también adhesiones, y la capacidad del nuevo Ejecutivo para traducirlas en políticas eficaces sin fracturar aún más el tejido social será uno de sus principales retos.

El empresariado recibió con optimismo el cambio y destacó expectativas de mayor seguridad jurídica y reformas económicas orientadas al crecimiento. El economista y académico Óscar Landerretch aconsejó al nuevo Gobierno administrar con prudencia ese respaldo inicial para evitar que las expectativas empresariales deriven en frustración social. Desde distintos sectores se pide cautela: la implementación rápida de medidas sin consenso puede generar resistencias que compliquen la gobernabilidad.

El ascenso de Kast se enmarca además en un paisaje regional donde líderes de perfil populista y conservador han ganado espacio en los últimos años, fenómeno que algunos observadores vinculan con las transformaciones políticas en Estados Unidos y la emergencia de figuras afines en Sudamérica. Kast, cuya familia ha suscitado polémica por su pasado —fue identificado en distintos perfiles como hijo de un oficial con vínculos nazis y hermano de un ministro del régimen de Augusto Pinochet—, llega al poder con promesas de restaurar orden y de reinstaurar políticas que, según sus partidarios, habían sido postergadas durante décadas.

Los primeros meses de Gobierno serán determinantes para comprobar si el paquete de medidas iniciales puede sostenerse en un Parlamento dividido y en una sociedad todavía fracturada. La combinación de apoyo empresarial, presión por resultados en seguridad y expectativas populares plantea una agenda de alto riesgo político. Si Kast logra transitar desde la campaña hacia una gestión eficaz, podrá consolidar su proyecto; si no, la polarización y la protesta podrían marcar su mandato desde el inicio.