Julio Jato, abogado lucense y miembro de la directiva de Lugo Sur Conturiz, advierte de un notable aumento de demandas de desahucio por impagos de alquileres en la ciudad y ofrecerá este miércoles a las 20.00 horas una charla sobre las okupaciones en el local social de Galegos. La convocatoria, organizada por la asociación As Campas-Galegos y por Lugo Sur Conturiz, pretende aclarar los aspectos jurídicos que generan mayor inquietud entre propietarios y vecinos. Jato sitúa en el origen de buena parte de los procedimientos la falta de pago de rentas y también la continuidad de inquilinos tras la expiración de sus contratos.

En el encuentro, su compañero de directiva Rubén Darío Veiga abordará la actuación de la Policía Nacional y las medidas de prevención ante robos y okupaciones, mientras que Jato se centrará en la vertiente procesal y administrativa. Según el letrado, la materia combina elementos civiles y penales que suelen generar confusión entre la ciudadanía y entre algunos operadores jurídicos. Por eso, su intención es ofrecer criterios prácticos para diferenciar supuestos y explicar qué vías son las más ágiles para recuperar la posesión.

Jato subraya que conviene distinguir dos fenómenos distintos: por un lado, ocupaciones que se vinculan a relaciones contractuales con el propietario, como los impagos de alquiler o situaciones en las que el inquilino no abandona la vivienda tras la finalización del contrato; por otro, las ocupaciones ilícitas que encuadran conductas penales como el allanamiento de morada o la usurpación. Cada una de estas figuras exige un tratamiento legal distinto y conduce a procedimientos distintos, con plazos y requisitos que pueden condicionar la resolución.

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Respecto a la intervención policial, el abogado explica que la capacidad de actuación inmediata varía según el tipo de vivienda afectada y el momento en que se detecta la intrusión. En el caso de la vivienda habitual, la Policía puede proceder al desalojo cuando la ocupación es muy reciente, en general en las primeras 48 horas desde la entrada. En segundas residencias o apartamentos turísticos, los criterios son más amplios y la actuación no siempre es tan expedita. Cuando se trata de usurpaciones sobre inmuebles deshabitados —locales, naves o viviendas cerradas— la Policía no puede desalojar de oficio salvo que el episodio sea constitutivo de delito en ese instante, por lo que la vía judicial se vuelve imprescindible y puede dilatarse considerablemente.

El letrado advierte de que, aunque existe una alarma social sobre las okupaciones que a menudo se alimenta por casos aislados, la realidad que observa en los despachos de abogados de Lugo es otra: un flujo constante de demandas de desahucio iniciadas por propietarios que reclaman rentas impagadas o la restitución de llaves tras la finalización del contrato. Esa dinámica judicial genera colas procesales y, en ocasiones, frustración entre quienes buscan recuperar su inmueble con rapidez. Jato apunta que la presión económica sobre algunos hogares contribuye a incrementar estos conflictos, sin que ello signifique que todo supuesto de ocupación sea constitutivo de un delito.

El retraso de la vía judicial para las usurpaciones, que en opinión del abogado puede prolongarse «un año o tres» dependiendo de la carga de trabajo y de recursos, es uno de los principales problemas señalados por los propietarios. La falta de una respuesta rápida obliga a muchos a recurrir a procedimientos civiles que, aunque más directos para resolver cuestiones contractuales, no siempre garantizan protección inmediata frente a terceros. Esa incertidumbre, según Jato, es la que alimenta tanto la percepción de inseguridad como la demanda de medidas normativas más claras.

Durante su intervención, el abogado espera ofrecer criterios y herramientas prácticas para entender los distintos caminos procesales y las medidas preventivas que pueden adoptar propietarios y comunidades de vecinos. También hará hincapié en la necesidad de coordinación entre fuerzas policiales y servicios judiciales para agilizar actuaciones cuando concurran indicios de delito. Su diagnóstico pretende no solo describir el fenómeno, sino dar pistas sobre cómo reducir el número de expedientes y mejorar la seguridad jurídica en la ciudad.

La charla está abierta al público y llega en un momento de debate público sobre la vivienda en Lugo, donde las quejas de propietarios y las preocupaciones vecinales se mezclan con demandas de protección social para ocupantes en situación de vulnerabilidad. Jato apostará por una aproximación equilibrada que combine la tutela de la propiedad privada con mecanismos que eviten el empobrecimiento forzoso de familias. El debate local, advierte, exige información veraz y procedimientos eficaces para que la resolución de conflictos se produzca con seguridad jurídica y sin demoras innecesarias.