Ayer, los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista trasladaron a la corporación de Santiago su exigencia de que el Concello active un plan urgente para hacer frente a la escalada de precios de compra y alquiler que sufre la ciudad. Ambas formaciones reclamaron al equipo de gobierno medidas concretas más allá de la declaración de zona de mercado residencial tensionado, que ya ha sido remitida por segunda vez a la Xunta de Galicia para su aprobación esta semana. La petición se produce ante la percepción de que la actual dinámica del mercado deja fuera a buena parte de la población y exige soluciones de corto y largo plazo.

Los dos grupos coincidieron en subrayar que la mera tramitación administrativa de la figura de zona tensionada no frena por sí sola la subida de costes ni amplía la oferta de viviendas. Según señalaron, la presión sobre precios y rentas obliga a complementar esa herramienta con políticas activas que incentiven el parque público y la movilización de inmuebles desocupados. En su demanda incluyeron propuestas relacionadas con suelo, incentivos fiscales y agilización de trámites urbanísticos para acelerar resultados.

José Antonio Constenla, concejal del PP, responsabilizó al gobierno municipal formado por BNG y Compostela Aberta de una “incapacidad” para afrontar el problema tras varios años en los que, a su juicio, no se han impulsado planes eficaces. Constenla advirtió además de los posibles efectos adversos de medidas como el control directo de precios del alquiler, que en otras ciudades ha acabado reduciendo la oferta al desincentivar la inversión y el mantenimiento de viviendas. Citó la experiencia de A Coruña como ejemplo de retirada de pisos del mercado del alquiler tras la implantación de determinadas restricciones.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

El portavoz popular presentó una hoja de ruta con medidas que, según explicó, deben conformar una estrategia integral: movilización de suelo para vivienda protegida, bonificaciones fiscales municipales para la rehabilitación con destino a residencia habitual, incentivos para contratos de alquiler estables y de larga duración, y simplificación de los procedimientos de licencia para que las obras vayan más deprisa. Constenla defendió que solo un paquete combinado de actuaciones puede frenar a corto plazo la pérdida de acceso a la vivienda en la ciudad.

Marta Abal, concejala del PSOE, coincidió en que la declaración de zona tensionada debe ser entendida como un instrumento, no como una solución en sí misma, y reclamó medidas tanto inmediatas como estructurales. En el corto plazo pidió al Concello un programa específico para sacar al mercado las viviendas vacías, apoyándose en el propio diagnóstico municipal que identifica ese stock como una oportunidad para ampliar la oferta. Abal señaló que intervenir sobre el parque desocupado puede aliviar tensiones de forma rápida y directa.

Para el medio y largo plazo, la socialista puso el acento en la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y de aumentar el parque público de vivienda en alquiler. Criticó la escasa respuesta de la Xunta, que tras más de veinte años sin promover vivienda pública en la ciudad ha anunciado apenas 60 viviendas, una cifra que consideró insuficiente. Abal reclamó planes ambiciosos de promoción protegida y mecanismos de financiación que permitan sostener un mercado de alquiler asequible.

El debate llega en un momento en que las dinámicas urbanas y la demanda ligada a estudiantes, trabajadores y nuevas formas de ocupación han tensionado barrios tradicionales. Tanto PP como PSOE insistieron en que las medidas deben evitar efectos colaterales que reduzcan aún más la oferta o eleven los costes de mantenimiento para los propietarios. Ambos partidos abogan por medidas que combinen incentivos y obligaciones para equilibrar interés público y privado.

La presión política sobre el equipo de gobierno municipal se intensifica con estas reclamaciones, que llegan tras semanas de confrontación sobre la gestión urbanística y social de la ciudad. El Concello aún no ha ofrecido una respuesta detallada a las propuestas conjuntas, y fuentes municipales reconocen la complejidad de coordinar con la Xunta y de articular soluciones financieras y jurídicas a corto plazo. Mientras tanto, la ciudadanía espera medidas que sean eficaces y visibles en la calle.

En el horizonte inmediato, las fórmulas en discusión incluyen agilizar licencias, bonificaciones fiscales para rehabilitación y mecanismos para obligar o incentivar la puesta en alquiler de pisos vacíos. La conjunción de actuaciones municipales, autonómicas y del sector privado será clave para calibrar si Santiago puede contener la escalada de precios y recuperar una oferta de vivienda asequible que dé respuesta a vecinos y vecinas con rentas más ajustadas.