El caso Déborah: un crimen sin resolver y 28 llamadas fantasma

Veinticuatro años después del asesinato de Déborah Fernández-Cervera, la joven viguesa cuyo cadáver apareció desnudo y con semen introducido artificialmente junto a una carretera en 2002, su familia ha decidido hacer públicas las irregularidades de una investigación que califican sin tapujos como un «paripé». El caso duerme el sueño de los archivos judiciales mientras el rastro de chapuzas policiales se acumula. Lo cierto es que la instrucción ha pasado por una decena de equipos diferentes y atesora protocolos incumplidos, declaraciones tomadas con 17 años de retraso y un disco duro formateado bajo custodia de la propia Policía.

Los hechos: un sumario sembrado de sombras

La noche del 21 de abril de 2002, Déborah salió de su casa en Vigo para reunirse con amigas. Nunca regresó. Su cuerpo apareció dos días después en una cuneta de la carretera de Camposancos, en el municipio de O Porriño, desnudo y con signos de violencia sexual. La autopsia inicial, sin embargo, no recogió restos biológicos que años después saldrían a la luz gracias a la exhumación forzada por más de 200.000 firmas ciudadanas. Ahí está la clave: el esperma hallado en el cuerpo sigue sin tener dueño conocido.

Basta con mirar el listado de llamadas del móvil de Déborah para encontrarse con 28 números ausentes en el registro oficial. Peor aún: el dispositivo no recoge ni las comunicaciones del día de su desaparición ni las de los días anteriores. «Aquí hay algo que no cuadra», sostienen fuentes del entorno familiar, que recuerdan que el aparato estuvo bajo custodia policial durante meses. Un agente de la época, preguntado ante el juez, respondió con repetidos «no recuerdo» pese a que las actas de los interrogatorios aparecen firmadas por él. Demasiado tiempo perdido.

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La consecuencia inmediata de este cúmulo de despropósitos ha sido el archivo del caso. La familia Fernández-Cervera ha abierto una nueva recogida de firmas para exigir al Ministerio del Interior que la UCO de la Guardia Civil tome el relevo de una investigación que consideran viciada de origen. No es menor el dato de que la propia jueza instructora llegó a preguntarse por qué la Policía no preservó pruebas fundamentales.

Contexto y antecedentes: una década de equipos rotativos

Conviene recordar que, a lo largo de estos 24 años, el sumario ha cambiado de manos al menos diez veces. Cada nuevo equipo policial empezaba prácticamente de cero, sin acceso completo a los atestados anteriores o con informes extraviados. La familia denuncia que nunca se realizó un análisis exhaustivo del entorno social de la víctima ni se interrogaron a tiempo a personas clave. Una de esas declaraciones cruciales se tomó 17 años tarde, cuando los recuerdos ya eran difusos y los testigos, en algunos casos, habían fallecido.

La situación recuerda a otros casos de desapariciones en Galicia que se han enquistado por falta de medios o de voluntad política. La diferencia aquí es la contundencia de los fallos técnicos: un disco duro formateado bajo custodia oficial, restos biológicos ignorados en la primera autopsia y un informe policial que omitió preguntas básicas. No parece casualidad que la juez archivase la causa al considerar que, sin nuevas pruebas, no era posible avanzar. La cifra habla por sí sola: cero imputados en dos décadas de trabajo.

Perspectiva y futuro: la puerta que no se cierra

A medio plazo, la única esperanza para la familia es que la UCO asuma la investigación. Un responsable del sector consultado por este periódico explica que, al tratarse de un caso archivado, la intervención de la Guardia Civil requeriría una orden expresa de la Audiencia Provincial o del Ministerio del Interior. No es sencillo, pero tampoco imposible. La presión ciudadana, con las 200.000 firmas ya logradas para