El Ejecutivo ha activado este miércoles una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para diseñar un plan integral que atenúe los efectos económicos derivados del conflicto en Irán, sobre todo en el ámbito energético, que presiona a hogares y empresas. La iniciativa, impulsada desde Moncloa, responde a la petición de la Unión Europea de actuaciones urgentes para contener el encarecimiento de las importaciones de combustibles. Fuentes oficiales precisan que la respuesta combinará medidas coyunturales y reformas de fondo y que su puesta en marcha dependerá de la evolución de las tensiones en Oriente Medio.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó que el plan consta de dos pilares: medidas inmediatas de carácter socioeconómico y actuaciones estructurales de mayor alcance. Bolaños ha mantenido llamadas con todas las fuerzas parlamentarias, aunque no obtuvo respuesta de Vox, y ha invitado también a patronal y sindicatos a aportar propuestas. La activación de las medidas se decidirá en sucesivos consejos de ministros en función de cómo evolucionen los precios de la energía y las consecuencias para la actividad económica.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que el Ejecutivo vigila de cerca la cotización del crudo y otras materias primas con el objetivo de proteger el poder adquisitivo y apoyar al tejido productivo. Montero no descartó solicitar la suspensión temporal de las reglas fiscales europeas si el conflicto se agrava, una opción que ya se planteó en el Ecofin pero que no prosperó por ahora. Según la ministra, la desactivación de esos límites permitiría a los Estados disponer de margen para desplegar apoyos más amplios si fuera necesario.

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En el plano europeo, España se alinea con la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía para liberar reservas estratégicas de crudo: la iniciativa contempla una movilización que, según el Ejecutivo comunitario, sería el doble de la aplicada tras el estallido de la guerra en Ucrania. Para nuestro país esa medida implicaría liberar 12 días y medio de reservas, una acción orientada a aliviar la presión sobre el suministro y estabilizar precios a corto plazo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado la magnitud del impacto energético, advirtiendo de un sobrecoste de importaciones de combustibles fósiles que ya ronda los 3.000 millones de euros para la Unión. Su diagnóstico ha servido para sostener la petición de medidas coordinadas que reduzcan el efecto en las facturas de hogares y en los costes de producción de empresas. En ese marco, Bruselas insiste en combinar alivios temporales con reformas que disminuyan la dependencia energética a medio plazo.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advirtió por su parte que el alcance del impacto económico dependerá de la duración, intensidad y extensión del conflicto en Irán. El BCE ya revisa sus previsiones de crecimiento, después de que hace apenas unos días mantuviera un optimismo relativo; ahora existen riesgos a la baja vinculados a la energía y a las cadenas de suministro. De Guindos remarcó que la incertidumbre obliga a las autoridades a preparar respuestas proporcionadas y graduales.

En el ámbito político nacional, el Partido Popular ha planteado medidas para mejorar el poder adquisitivo de las familias, como ajustes en el IRPF, y reclama que el Gobierno concrete los instrumentos de apoyo a empresas para evitar deslocalizaciones. Vox, en cambio, se ha negado a participar en la ronda de diálogo con el Ejecutivo, según las mismas fuentes gubernamentales. Los socialistas y sus socios insisten en la necesidad de una respuesta coordinada que combine protección social y estabilidad presupuestaria.

Fuentes del Gobierno subrayan que las medidas que finalmente se adopten dependerán de las aportaciones de los sectores afectados y de la trayectoria del conflicto, con la intención de que las primeras actuaciones sean visibles y de efecto inmediato. En Moncloa predomina la idea de preservar la solvencia de las empresas y el empleo, al tiempo que se defiende una estrategia europea común para hacer frente a los choques energéticos. Mientras tanto, el Ejecutivo mantendrá la vigilancia sobre los mercados y continúa las consultas para afinar una respuesta que aspire a tener consenso parlamentario y respaldo social.