El bosque que mata: siniestralidad laboral en el sector forestal gallego

Un operario ha muerto en Ortigueira, aplastado por una rma mientras realizaba trabajos forestales. Otro nombre que se suma a una lista que no para de crecer. La siniestralidad laboral en el sector forestal gallego es una epidemia silenciosa: no genera titulares en primera página, no provoca debates parlamentarios, no moviliza a la opinión pública. Pero mata, año tras año, a trabajadores que salen de casa por la mañana y no vuelven.

Los datos del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral son contundentes. El sector forestal registra en Galicia una tasa de accidentes mortales entre tres y cuatro veces superior a la media industrial. Caídas de altura, aplastamientos por árboles, cortes con motosierra, vuelcos de maquinaria. Cada uno de estos accidentes tiene detrás la misma combinación letal: trabajo a destajo, subcontratas encadenadas, presión de tiempos y formación insuficiente.

El modelo económico del sector forestal gallego es, en gran medida, responsable de esta situación. La propiedad del monte está fragmentada entre miles de pequeños propietarios. Las empresas maderadoras operan con márgenes estrechos y compiten por contratos que se adjudican al menor coste. Esa presión se traslada directamente al trabajador: más árboles cortados por día, menos minutos de pausa, menos inversión en equipos de protección. Cuando el precio unitario baja, el riesgo sube.

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A esto se suma la lacra de la subcontratación. El trabajador que fallece en Ortigueira probablemente no era empleado directo de la empresa propietaria del monte, ni siquiera de la empresa maderadora principal. La cadena de subcontratas diluye responsabilidades hasta el punto de que, cuando ocurre un accidente, nadie parece responsable de la seguridad de quien estaba en el suelo con la motosierra. La ley de prevención de riesgos laborales establece obligaciones claras, pero su aplicación en el sector forestal sigue siendo notoriamente deficiente.

La solución pasa por tres ejes. El primero es la Inspección de Trabajo. Hace falta más personal inspector dedicado al sector forestal, con inspecciones sorpresa en las parcelas de trabajo, no en las oficinas. Las sanciones deben ser disuasorias: una multa de mil euros por no usar arnés anticaídas no es disuasoria para una empresa que factura millones. El segundo eje es la formación. Galicia necesita un certificado de profesionalidad forestal obligatorio, con renovación periódica, que garantice que quien maneja una motosierra o una cosechadora forestal sabe lo que hace y conoce los riesgos. El tercer eje es la responsabilidad de la empresa principal: la ley ya la contempla, pero los tribunales la aplican con una timidez que desincentiva la prevención.

Hace falta también un debate sobre el modelo forestal. Galicia es una potencia maderera —el eucalipto y el pino generan miles de empleos y millones de euros—, pero ese éxito económico se sostiene sobre un modelo que externaliza el coste de la seguridad. Lo paga el trabajador con su cuerpo. Y a veces, como en Ortigueira, con su vida.

El operario que ha muerto hoy tenía familia, nombre y una historia. No es una estadística. Cada vez que leemos «accidente laboral en el sector forestal» y pasamos de página, somos cómplices de un sistema que ha normalizado la muerte como coste operativo. Hasta que la siniestralidad laboral deje de ser una sección de sucesos y pase a ser una prioridad política, seguiremos escribiendo editoriales como este. Y seguiremos enterrando trabajadores.

Ningún árbol vale una vida. Ningún plazo justifica un muerto. Es hora de que el sector forestal gallego aprenda la diferencia entre producir madera y sacrificar personas.