Un pleno extraordinario convocado por el PSOE en el Concello de Abadín desembocó este lunes en una situación insólita: receso decretado por el alcalde, llamada telefónica a la Guardia Civil por parte de una vecina y presencia de agentes en el propio salón de plenos. Los dos asuntos del día —sendas mociones socialistas sobre la plataforma StopBiogásAbadín y una pasarela cubierta para el colegio— fueron rechazados por la mayoría absoluta del equipo de gobierno popular.
El detonante: prohibir una grabación ciudadana
La chispa se encendió antes de que la sesión diera comienzo. Una de las coordinadoras de la plataforma vecinal StopBiogásAbadín anunció su propósito de grabar el pleno con su dispositivo. El regidor local se negó en redondo. Su argumento fue que cualquier grabación, de producirse, debía tener carácter institucional y difundirse después a través de los canales oficiales del Concello.
La afectada no aceptó la prohibición. Y con motivo: esta no era la primera vez que se le cerraba ese camino. De hecho, denunció que se trataba de la tercera ocasión en la que sufría exactamente la misma censura en una sesión municipal. El regidor, lejos de reconsiderar su postura, optó por suspender temporalmente el pleno con el manifiesto objetivo de calmar los ánimos de todos los presentes.
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Ver en Hotels.com → PublicidadFue durante ese intervalo cuando la vecina decidió telefonear a la Benemérita. Lo hizo para poner en conocimiento de las fuerzas del orden la situación que se estaba viviendo dentro del Ayuntamiento y por temor fundado a que, una vez reanudada la sesión, se reprodujera el veto y se desataran altercados en la sala. Los agentes se personaron en el edificio consistorial. No llegaron a intervenir, pero su sola presencia en un pleno municipal ya es una postal suficientemente elocuente.
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Hosting WordPress →Biogás y derecho a informar: el conflicto de raíz
Conviene no perder de vista qué hay en el trasfondo de este episodio. StopBiogásAbadín es un colectivo vecinal articulado en torno al rechazo a una planta de biogás proyectada en el término municipal. La moción que el PSOE llevó al pleno no abordaba directamente la instalación industrial, sino algo previo y más elemental: el derecho de los vecinos a estar informados. A la plataforma se le había denegado una autorización para instalar un punto informativo en el municipio. Así de simple. Así de restrictivo.
No es menor el dato. Que una moción sobre el derecho a la información termine con agentes de la Guardia Civil apostados en las inmediaciones del salón de plenos dibuja un panorama cuando menos preocupante. A nadie se le escapa que el control sobre quién graba, quién difunde y quién accede a la información pública constituye uno de los frentes más sensibles de la gestión municipal. En concellos de interior, donde las distancias personales son mínimas y los vínculos entre vecinos y ediles son estrechos, estos conflictos adquieren una aspereza particular.
La moción fue rechazada. Idéntica suerte corrió la segunda propuesta socialista: la construcción de una pasarela cubierta en el colegio de Abadín, una infraestructura que afecta de lleno a la vida diaria de las familias del concello y a las condiciones en las que los escolares se desplazan en los días de lluvia, tan habituales en A Terra Chá.
Dos mociones, dos bloqueos
Basta con mirar el resultado para entender la dinámica. El pleno había sido convocado a petición del PSOE, que ejerce desde la oposición. Las mociones no eran vinculantes jurídicamente, pero funcionan como herramienta política para forzar el debate público y dejar constancia de las posiciones de cada grupo. Ambas iniciativas quedaron truncadas por el voto en contra del equipo de gobierno, respaldado en su mayoría absoluta.
Difícil no atisbar un patrón. Un alcalde que veta grabaciones. Una vecina obligada a llamar a las fuerzas del orden para que quede constancia de lo que sucede. Un pleno en el que se debate precisam
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