Cinco contratos de ambulancias del 061, los que atienden algunas de las zonas más pobladas de Galicia, pueden quedar desiertos al no contar con dotación económica suficiente para cubrir los costes del servicio, según denuncian los sindicatos.

Giro en el conflicto laboral entre los bomberos y la Xunta y diputaciones. El acuerdo que ayer parecía que se había tumbado, a la vista del comunicado oficial del comité de huelga, en realidad sí que se podría firmar el jueves. Pero para ello en el texto definitivo debe incluirse un detalle que la asamblea considera de especial importancia: un calendario concreto y cerrado con fechas para negociar el nuevo convenio colectivo y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). “Los compañeros quieren que eso se incluya en el texto definitivo del jueves”, explican fuentes del comité de huelga, que admiten abiertamente la ambigua redacción de su comunicado oficial del lunes.

Entre el pasado viernes y ayer la Xunta abrió varias convocatorias de subvenciones destinadas a los concellos para detectar las fugas de agua en las redes municipales de abastecimiento y en las traídas vecinales y realizar, por otra parte, las obras pertinentes para corregir esas pérdidas. Entre otros motivos, porque los concellos están obligados por ley a ello y desde la Administración autonómica se le echa una mano con los costes. El plazo legal para ejecutar estos diagnóstico acabó el 11 de enero de 2022, pero dos años después aún está lejos el cumplimiento del objetivo, dado que a estas alturas son 129 los ayuntamientos que han realizado esa auditoría para identificar los puntos por donde se escapa el agua, que de media en el conjunto de Galicia esas fugas suponen el 40% del volumen inicial.

La candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, lanzó ayer una propuesta en materia universitaria: el plan Recupera Talento para que retornen 1.000 investigadores gallegos en los próximos cuatro años y un plan estratégico de valorización y transferencia de conocimiento.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, anunció ayer que si gobierna tras los comicios autonómicos del 18 de febrero promoverá el programa Del rural a la mesa de compra pública de producto gallego para consumir en comedores escolares, hospitales, centros sociales y en otros recintos de la administración.

El PSdeG acercó ayer posiciones con la patronal gallega, con la que coincidió en la necesidad de elevar el peso del sector industrial hasta el punto de que el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, cifró su promesa. Su objetivo, si alcanza ese puesto tras las elecciones autonómicas del 18 de febrero, pasa por lograr que la industria alcance el 20% del producto interior bruto de la comunidad, cinco puntos por encima de su peso actual.

El presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda, lanzó ayer una promesa para intentar facilitar la conciliación familiar a través de una línea de subvenciones para los centros escolares de entre seis y siete millones de euros para financiar clases extraescolares. La medida se aplicaría el próximo curso 2024-2025.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la convocatoria de 487 plazas de empleo público de acceso libre en la administración gallega.

Lograr una ciudadanía formada es uno de los objetivos de la UE y por eso se sigue de cerca el indicador de abandono temprano de la educación, que monitoriza qué porcentaje de población de 18 a 24 años no ha completado la segunda etapa de educación secundaria –FP básico, de grado medio o Bachillerato, indica el Gobierno– y no sigue ningún tipo de formación. El Ministerio de Educación confirmó ayer la cifra que avanzó su titular, Pilar Alegría, el pasado viernes, y que situaba ese abandono precoz de los estudios en el Estado en el 13,6 por ciento. También desgranó el de cada autonomía. Galicia ya había adelantado que volvía a la senda del descenso que se había visto interrumpido en 2022 al lograr una tasa del 8,8 por ciento. Eso la ubica en la cuarta mejor posición, por detrás de Cantabria, País Vasco y Navarra, que se coloca de líder, con 6,3 por ciento, un dato casi un 30% inferior.

El juzgado de Arzúa ha abierto diligencias penales contra la mina de Touro por posibles delitos medioambientales, según informa Ecologistas en Acción, que formalizó denuncia. Lo hace tras prestar su portavoz declaración en el juzgado como parte de las diligencias abiertas, explica en un comunicado en el que señala que se personará como acusación popular en la causa y exigirá medidas cautelares “para parar los vertidos tóxicos de la mina”.

Los trámites administrativos acostumbran a ser engorrosos. Lo son aún más para aquellos que, nacidos en España o emigrados de otros países, tratan de conseguir la nacionalidad para ser ciudadanos de pleno derecho en el país. “Lo más engorroso es el primer paso, que es conseguir una cita en el Registro Civil”, señala Javier Larrea, un cubano descendiente de gallegos que se mudó a Santiago de Compostela hace apenas unos meses.

Los servicios informáticos del Ayuntamiento de Teo están paralizados a consecuencia de un ciberataque que afecta al funcionamiento administrativo del municipio de la comarca de Santiago. El gobierno local señala que los servicios municipales trabajan para restablecer las condiciones y recuperar los servidores municipales. Eso sí, no afectó, según el ayuntamiento, a los “grandes paquetes de información” como contabilidad, portafirmas, Tedec o el servicio de la página web.

La candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, lanzó ayer una propuesta en materia universitaria: el plan Recupera Talento para que retornen 1.000 investigadores gallegos en los próximos cuatro años y un plan estratégico de valorización y transferencia de conocimiento.

El pleno delConcello de Santiago de Compostela aprobó, con los votos del BNG, Compostela Aberta y PSdeG, una proposición planteada por este último grupo municipal para la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. La negativa desde las filas del PP la protagonizó el concejal Borja Verea, que reprochó a los socialistas su gestión y también que se plantee este debate sin haber hecho “absolutamente nada” en este ámbito.

El PSdeG acercó ayer posiciones con la patronal gallega, con la que coincidió en la necesidad de elevar el peso del sector industrial hasta el punto de que el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, cifró su promesa. Su objetivo, si alcanza ese puesto tras las elecciones autonómicas del 18 de febrero, pasa por lograr que la industria alcance el 20% del producto interior bruto de la comunidad, cinco puntos por encima de su peso actual.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, anunció ayer que si gobierna tras los comicios autonómicos del 18 de febrero promoverá el programa Del rural a la mesa de compra pública de producto gallego para consumir en comedores escolares, hospitales, centros sociales y en otros recintos de la administración.

Los trámites administrativos acostumbran a ser engorrosos. Lo son aún más para aquellos que, nacidos en España o emigrados de otros países, tratan de conseguir la nacionalidad para ser ciudadanos de pleno derecho en el país. “Lo más engorroso es el primer paso, que es conseguir una cita en el Registro Civil”, señala Javier Larrea, un cubano descendiente de gallegos que se mudó a Santiago de Compostela hace apenas unos meses.

El presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda, lanzó ayer una promesa para intentar facilitar la conciliación familiar a través de una línea de subvenciones para los centros escolares de entre seis y siete millones de euros para financiar clases extraescolares. La medida se aplicaría el próximo curso 2024-2025.

El comité de huelga de los bomberos comarcales y la Xunta de Galicia y diputaciones deberán seguir negociando. El principio de acuerdo alcanzado la semana pasada fue sometido este lunes al refrendo de la asamblea de los trabajadores, que votaron en contra de la propuesta negociada. Los representantes sindicales reconocen que los bomberos se pronunciaron con un “marcado rechazo” a la propuesta de las administraciones para desbloquear el conflicto.

Pese a que el rural pierde población, cada vez tiene más propietarios. Solo en cuatro años los dueños de parcelas se han incrementado en 20.700. De esta manera en Galicia suman ya un total de 1.742.303 los titulares de terrenos rústicos. Es decir, el 74 por ciento de la población gallega mayor de edad posee tierras en el campo, que, a pesar de ello, está cada vez más abandonado. Y mientras aumentan los títulos de propiedad, el número de fincas se reduce: desde 2019 hay casi 190.000 menos, según los datos del Catastro.