Astilleros San Enrique reinicia la actividad en el antiguo Vulcano.
photo_camera Astilleros en la ría de Vigo
Redacción ATLANTICO - 29/abr./22 - Compartir
El astillero ya puede realizar reformas por un periodo de dos años
El Consejo de Administración del Puerto de Vigo ha aprobado este viernes de forma definitiva la adjudicación de la concesión del antiguo astillero Vulcano a los actuales propietarios de las instalaciones, Astilleros San Enrique, tiene un plazo de dos años para hacer inversiones por algo más de 1,6 millones de euros con el fin de reactivar la construcción y/o reparación naval.
De este modo, a partir de ahora San Enrique puede desarrollar las inversiones que planteó en su oferta, para reformar las instalaciones, instalar placas fotovoltaicas, poner a punto grúas, medidas de protección contra la contaminación marina, adecuación de redes de suministro, etc.
Con todo, la empresa tiene que cumplir una serie de hitos en los próximos años, por ejemplo, tiene que tener un volumen de negocio anual de 10 millones de euros durante los dos primeros años de la concesión (que es de 15 años), y éste debe incrementarse progresivamente hasta los 14,6 millones anuales en 2036. También deberá cumplir su compromiso de contratación de trabajadores (28 personas el primer año y llegar a una plantilla de al menos 79 al final de la concesión).
El Puerto hará "seguimiento" de todo el proceso para constatar que se cumplen las condiciones de la adjudicación de la concesión, según ha explicado el presidente del organismo, Jesús Vázquez Almuíña, que también ha matizado que se mantiene la pretensión de la Autoridad Portuaria de adquirir la parte privada del astillero (los terrenos que no son portuarios).
Vázquez Almuíña ha trasladado su esperanza de que este mismo año tanto las instalaciones de la antigua Vulcano como las de Barreras (que está en proceso de liquidación y a la espera de que el juzgado adjudique la unidad productiva) puedan retomar sus proyectos industriales. En el caso de la primera, ha señalado, los nuevos dueños aseguran tener avanzados las negociaciones comerciales para cerrar pronto contratos.
Informe de gestión
Por otra parte, como cada mes, se ha presentado ante el Consejo de Administración el informe de gestión del Puerto y la información de los tráficos que, como ya había avanzado el organismo, reflejan un retroceso marcado por la caída en la automoción y la crisis de Ucrania.
Así, el tráfico total de la terminal viguesa descendió un 11,7% en marzo pasado y el descenso en mercancías fue del 11,17%. La bajada más significativa ha sido la del tráfico de automóviles, con casi un 50 % menos, la misma caída que experimentó la pizarra; y también se ha reducido el tráfico de mercancías como cemento (-43%), piezas de automoción (-58,75%), granito (-8,7%) pesca fresca (-7%) o pesca congelada (-15%).
En lo que respecta a tráficos acumulados en el primer trimestre del año, el balance refleja que la caída del tráfico total fue de -0,14% y la del tráfico de mercancías del -0,15%. En el caso de los automóviles, el descenso en los tres primeros meses fue del -23,03%, y en el caso de las piezas fue del 33%, mientras que el granito cayó un 5,6%.
Sin embargo, el presidente del Puerto ha destacado que, pese a las dificultades y el contexto, la terminal ha logrado un mes de marzo con tráficos que están por encima de la media del último decenio. Además, ha destacado el buen comportamiento del tráfico de contenedores, con un aumento del 9,33% en marzo (en toneladas) y subida del 10,9% en el acumulado del año.
Competencia de Leixoes
Precisamente, con respecto al tráfico de contenedores y preguntado por los medios acerca de la competencia de Leixoes (Portugal) y de los planes de la terminal lusa para crecer y captar tráficos, Vázquez Almuíña ha señalado que el Puerto de Vigo es "realista".
Al respecto, ha indicado que se está trabajando "dentro de todas las posibilidades" para optimizar espacios y evitar el colapso de la terminal, aunque ha reclamado la misma "implicación" del Gobierno de España que la que tiene el Ejecutivo luso, y "que las administraciones locales fueran comparables