Presentaron traballos sobre a liberdade vixiada, a crise dos granulados, a intelixencia artificial e a ocupación de vivendas

En Galicia, 166 se dieron de baja de su colegio para trasladarse a otra provincia, comunidad o país

En plena sequía demográfica y con una natalidad a cuentagotas, sorprende que el número de familias numerosas crece en Galicia en el último año casi un 7% y alcanza un récord histórico: son 28.968 los hogares que tienen reconocido este título oficial a cierre del año 2023, según los datos disponibles en la Dirección Xeral de Familia, dependiente de la Consellería de Política Social. Es más, la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan), asegura que en abril de 2024 ya se había superado la barrera de las 29.000 familias numerosas computadas en nuestra comunidad. Y de ellas, 8.367 núcleos familiares gallegos tienen ese título oficial a pesar de no tener tres hijos, lo cual representa un 29% del total.

La mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara gallega sacó ayer una iniciativa que reprueba las palabras con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recriminó en el Congreso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que con su “historial” en el PSOE no hubiese llegado “ni a concejal de pueblo” por considerar que suponen un “menosprecio” a los ediles. “Es una falta de respeto institucional”, denuncia.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, pidió ayer a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Madrid más fondos del programa Next Generation para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, dada la alta demanda de estas ayudas. También solicitó la inclusión de Galicia en el programa Viena, por el que la Sareb pondrá suelo a disposición de los promotores para que construyan viviendas para el alquiler que, pasado el plazo de concesión, pasará a manos de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. La ministra y la conselleira acordaron “una colaboración mutua” para facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional dos artículos y una disposición transitoria de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos para 2023 en la que se limitaba a 15 años el plazo que tenía la Administración para actuar contra edificaciones construidas ilegalmente en la costa. La norma abría la puerta a que pudieran regularizarse edificaciones por todo el litoral gallego. Este cambio legal introducido por la Xunta reducía el periodo establecido en la Ley de Costas del Estado, por lo que el Gobierno consideraba que podrían estar invadiéndose competencias estatales.

Cerca de 80 ponentes procedentes del mundo la de empresa, la Administración y la universidad participarán desde este jueves en O encontro de Sober, un nuevo foro económico organizado desde A Coruña por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) con el apoyo de la Xunta, que se convierte en el primer think tank del tejido empresarial, el sector público y el mundo académico creado para generar impacto positivo en el medio rural gallego.

La privatización de la sanidad pública avanza en España, aunque de modo heterogéneo en las diferentes comunidades, poseedoras de las competencias en materia de salud. En este contexto, Galicia mejoró durante el último año su situación en el ranking autonómico que elabora la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASP), como revela en un informe específico.

No en pocas ocasiones, los ciudadanos de las diferentes regiones europeas, como Galicia, perciben las instituciones comunitarias como un ente lejano y con una limitada capacidad de influenciar las condiciones materiales de su vida. Una percepción que, a todas luces, es engañosa. Para muestra, un botón: desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea –preámbulo de la actual UE–, el 1 de enero de 1986, la comunidad ha recibido, a través de diferentes mecanismos como la política de cohesión, un montante total de 32.000 millones de euros, según las estimaciones de la Consellería de Facenda.

No en pocas ocasiones, los ciudadanos de las diferentes regiones europeas, como Galicia, perciben las instituciones comunitarias como un ente lejano y con una limitada capacidad de influenciar las condiciones materiales de su vida. Una percepción que, a todas luces, es engañosa. Para muestra, un botón: desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea –preámbulo de la actual UE–, el 1 de enero de 1986, la comunidad ha recibido, a través de diferentes mecanismos como la política de cohesión, un montante total de 32.000 millones de euros, según las estimaciones de la Consellería de Facenda.

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